En nuestro país los grandes medios de producción, distribución y servicios continúan en manos de los grandes empresarios. Más allá de las políticas sociales del gobierno como las Misiones, no se ha resuelto uno de los grandes problemas que asolan al pueblo trabajador como los bajos salarios tanto en el sector privado como estatal, el trabajo flexibilizado, el trabajo informal y el desempleo. Según las propias fuentes oficiales más de 3.3 millones de la fuerza laboral está en el sector informal, pero se cree que este número realmente asciende a 5,2 millones de personas. Los trabajadores continuamos sufriendo las pérdidas del poder adquisitivo de nuestros salarios en más del 15% que el gobierno ha dado como aumento, y el desempleo continúa muy por encima del 11.4% que anuncia el Instituto Nacional de Estadísticas. Y más aún, la distribución del ingreso en nuestro país es desigual. Todo esto mientras los grandes capitalistas, los empresarios, los terratenientes continúan obteniendo grandes ganancias.
No es posible que después de los grandes sacrificios y las grandes luchas que hemos librado los trabajadores contra el golpe proimperialista y contra el paro-sabotaje petrolero, los ricos continúan ricos, y los pobres continuamos en la misma situación. El pueblo ve con estupor como los industriales reciben créditos y toda clase de facilidades de financiamiento. Alimentos Polar, que jugó un papel importante en el golpe y en el paro-sabotaje, es uno de los proveedores de Mercal, junto a otros grandes grupos económicos. Pero no sólo los empresarios venezolanos se benefician de los puentes que el gobierno les tiende, también las transnacionales aprovechan la situación, esto es muy claro en el caso de la industria petrolera donde el gobierno le concede a estas grandes empresas la explotación de ricos yacimientos petroleros y gasíferos, y los convierte en socios del negocio petrolero a través de las empresas mixtas.
Todo esto es injusto, siendo la clase trabajadora la única clase social que genera y produce la riqueza. De los más de 10.64 millones de personas ocupadas en nuestro país, un poco más de 9 millones laboran en el sector privado, siendo que de estos el 52.7% lo hace en el sector formal. Es decir, el grueso de los que trabajan es sometido directamente a la explotación por los grandes empresarios, siendo que tan solo un 15.9% lo hace en el sector público. La clase patronal, se apropia del esfuerzo de nuestro trabajo. Se enriquecen a costa nuestra.
El derecho al trabajo es lo único que tenemos los trabajadores y trabajadoras en una sociedad basada en la explotación. Y ni siquiera esto se hace efectivo por los altos niveles de desempleo. Es que el desempleo resulta muy funcional para los capitalistas, puesto que tienen en ese «ejército de reserva» un elemento para forzar salarios miserables. Si alguien no trabaja por un sueldo mezquino detrás hay millones desempleados que sí lo harían. Así mientras hay miles y miles sin trabajo estable, hay muchos haciendo horas extras y hasta cumpliendo dobles jornadas. Es necesario terminar con esta situación injusta y desigual, con la humillación y la impunidad patronal.
En nuestro país más allá de las alusiones del Socialismo del Siglo XXI, continúa existiendo y dominando el capitalismo, donde los trabajadores asalariados, que desprovistos de todo medio de producción nos vemos obligados a vender nuestra fuerza de trabajo para subsistir, somos quienes generamos no sólo lo necesario para nuestra manutención y la de nuestras familias sino un excedente social del que se apropian los capitalistas; de allí surge la ganancia. Desde hace tiempo sabemos que en este proceso de compraventa de fuerza de trabajo los trabajadores recimos como salario sólo una parte del valor que creamos en el proceso de producción, la otra parte se lo apropian los capitalistas. Dicho de otro modo: el salario representa sólo una parte del valor que creamos en en la jornada de trabajo; el tiempo restante de la jornada producimos sin percibir nada a cambio. Este «robo de trabajo ajeno» del capitalista al asalariado, realizado por medios legales, es la relación básica sobre la cual está constituida la sociedad capitalista. Multipliquemos las millones de horas que día a día los capitalistas se apropian y tendremos allí la explicación fundamental de por qué en nuestro país y en el mundo un puñado de grandes propietarios concentra la gran mayoría de la riqueza social.
El gobierno nos dice que hay que trascender el capitalismo, que hay que avanzar al socialismo, pero no toma ninguna medida seria en este sentido. Hasta el momento ninguna política salarial ni los planes asistenciales han logrado resolver esta situación que sufrimos los trabajadores. Los capitalistas que aún dominan los medios de producción de nuestro país necesitan mantener salarios y precios que garanticen sus ganancias, lo que en las condiciones actuales lleva directamente a mantener el poder adquisitivo del pueblo por debajo de las necesidades reales. Pero el gobierno en vez de golpearlos negocia con ellos.
El gobierno dice claramente que no tiene un plan de empleo, sino de hacer cooperativistas y microempresarios a los desempleados y subempleados. Este es un plan sin futuro para los y las asalariadas, en una economía como la nuestra que sigue funcionando el sistema de explotación capitalista. Es una ilusión pensar que pequeños emprendimientos se abrirán campo entre los grandes empresarios. Esa política sólo ha llevado, y seguirá llevando, a que sólo una ínfima parte con suerte o con contactos «en las alturas» tenga accesos a contratos jugosos, y el resto debe conformarse con contratos miserables o con ninguno, teniendo además que aumentar su explotación para poder hacer rentable la empresa cooperativa. No es sino un mecanismo para librarse de responsabilidad en la manutención de las familias trabajadoras, de aprovechar el trabajo al menor costo posible.
Sabemos que para los trabajadores ocupados y desocupados romper y quebrar está dinámica no es tarea sencilla. Pero la unidad de todos los trabajadores es la pieza maestra capaz de articular los cambios. La lucha conjunta por el reparto de horas de trabajo entre todas las personas con capacidad de trabajar, entre trabajadores ocupados y desocupados, con un sueldo equivalente a la canasta familiar, debe ser la bandera y el programa a imponer; el aumento de salario, junto a la imposición de una escala móvil salarial, se complementa con esta pelea. La UNT y los sindicatos y demás organizaciones de trabajadores, deben ligar a los trabajadores ocupados con los desempleados mediante un compromiso obrero, todo el trabajo existente debe ser repartido entre todas las manos y cerebros disponibles, con un salario igual al de la canasta familiar.
Además esta una necesidad imperiosa hoy día, en medio de la importante lucha social y política que vive el país, pues la lucha por el reparto de las horas de trabajo y la escala móvil salarial, implica la reducción de la jornada laboral. Esto es una condición básica para poder garantizar la plena participación política de los trabajadores en general. Las mujeres y los hombres de la clase trabajadora debemos disponer del tiempo necesario para participar de la organización y la vida política de la clase y del país, ese tiempo del que sí disfrutan los burgueses y los burócratas (diputados, presidentes, directores y jefes de empresas estatales y ministerios, jefes de los partidos políticos, etc.).
Estas medidas son las únicas salidas reales contra el desempleo y la carestía de la vida. Se trata pues de tener una semana laboral modificable, que garantice trabajo para todos y todas, y de tener un salario mínimo vital que siga el movimiento de lo precios. De esta manera es como podemos dar pasos ciertos para conquistar empleo y salarios dignos para todos.