Reforma del código penal: reforzamiento de la justicia de clase - JIR


	Reforma del código penal: reforzamiento de la justicia de clase Fuente: Por J. Pablo Contreras El control penal es uno de los instrumentos con el cual la burguesía a través de su Estado ejerce su poder sobre los que no poseemos medios de producción, para mantener de esta manera su dominio de clase. En números anteriores hemos venido señalando que la actual reforma del Código Penal revela cada vez más el intento de tener mayor control social, expresando el verdadero carácter de clase burgués de este gobierno, que por otro lado se expresa, con no pocas contradicciones, en un mayor compromiso con segmentos concentrados tanto de la burguesía opositora como de la que se reivindica hoy “nacionalista” siendo aliada en los hechos a un sector del capital internacional. Pero irremediablemente y a despecho de cualquier proyecto de conciliación de clases, en Venezuela no se termina de cerrar aún la crisis de dominio de las instituciones del estado burgués, abierta el 27 de febrero de 1989 y que ha entrado en una nueva fase después del 15 de agosto del 2004, en la cual continúa sin resolverse la contradicción central de esta sociedad, el conflicto capital-trabajo junto a su sistema de opresión. Es así como en el gobierno predomina hoy un discurso que reivindica a un tal “socialismo del siglo XXI” y de que este es un “gobierno que protege a los mas depauperados” lo que ayuda a mantener ilusiones en las políticas de Estado y en la refundación institucional burguesa, alimentando “esperanzas” en un supuesto carácter progresivo que garantizará cada vez más la “justicia social". Se evidencia en esta prédica una adaptación del discurso a las circunstancias que exige administrar el poder político en tales condiciones: después que el Chávez le demuestra a la burguesía en su conjunto, que él "es el hombre" que "le garantiza la estabilidad al país", se asume aún mas, como el sujeto llamado a administrar los intereses de las clases y los sectores de clase en pugna. No es de gratis que el Presidente se trata de ubicar a la izquierda de la política que en los hechos ejecuta, cuando cuestiona en sus actos públicos a “la burocracia”, incluso llamando en repetidas ocasiones a la gente a protestar “no en Miraflores”, y sí en las gobernaciones y alcaldías, en la búsqueda de anteponer el discurso oficial al verdadero contenido de esas luchas, tratando de lidiar de esta forma con la movilización de sectores de trabajadores y el descontento que empieza a expresarse, evitando así que estas adquieran un carácter de independencia política de clase. Lo que este discurso trata de ocultar, es la aplicación de una reforma del Código Penal con rasgos mucho más punitivos que el anterior en cuanto a la protección del derecho a la propiedad privada y del Estado, es decir, avanzar en la implementación de una verdadera justicia de clase, criminalizando a los explotados y oprimidos. En cuanto a las libertades democráticas esta reforma busca un mayor control y regimentación. Nos referimos concretamente a la eliminación y criminalización del derecho a huelga en el sector educativo [1]; en el artículo 9 de esta reforma del Código Penal que se discute hoy, dice que “quien ejecute alguna actividad tendiente a interrumpir el correcto desempeño o la normal actividad de una o varias de las empresas básicas o estratégicas del Estado, será sancionado con prisión de 16 a 18 años”; así mismo, la reforma que ya se aprobó plasma la prohibición del cierre de vías y las tomas de tierras o edificios, para las cuales empezó a regir un aumento de las penas [2], así como el endurecimiento de las medidas represivas de los cuerpos de seguridad del Estado. Como ejemplo de esto, en Anaco los trabajadores a destajo llamados "chanceros", protestaron en las calles ante la demagogia del SISDEM [3], siendo fuertemente reprimidos por la Guardia Nacional que incluso allanó algunas viviendas e hirió a varios trabajadores; en Morichal, actualmente, un sector importante de los trabajadores de las contratistas que le trabajan a la CNPC [4] se han ido la huelga, no faltando para ello la presencia de la Guardia Nacional, esperando al más mínimo avance de nuestras fuerzas, para reprimirlas. Queda claro que bajo la lógica de esta legalidad las víctimas son los propietarios y la seguridad del Estado y los delincuentes son los trabajadores cuando apelan a su movilización, expresada en la huelga como método de lucha junto al pueblo pobre cuando ejerce su legítima protesta en las calles. Por eso no es menos peligroso y posiblemente contrarrevolucionario el que olvidemos que fue por esa movilización revolucionaria del pueblo trabajador que impedimos el ascenso de una dictadura voraz y abierta del capital. Hablamos del 13 de abril y también del sabotaje petrolero, en el que se desarrolló una importante movilización de masas y una experiencia de control obrero de la producción en dos refinerías del país, siendo desmontada con el nombramiento de una nueva gerencia una vez conjurado el peligro, para evitar nuevamente el curso de independencia de clase de los trabajadores en su experiencia revolucionaria. Coherentemente con esto NO somos los trabajadores y el pueblo pobre con nuestras organizaciones revolucionarias quienes incidimos en las grandes decisiones nacionales y la vida pública. Menos se puede pensar que bajo este estado de cosas, podamos los trabajadores elaborar un cuerpo de leyes ni mucho menos su reforma. En el caso del Código Penal, este deviene de la Constitución de la República y el Código Civil en cuanto a su visión del mundo que se plasma en esta sociedad dividida en clases. Por ello es urgente proponer que seamos los trabajadores y el pueblo pobre quienes ejerzamos "desde abajo" la administración y control del armamento y la violencia, superando con ello el atraso con el que nos pretenden hacer convalidar a los trabajadores la reforma de un Código Penal burgués y con él la impunidad reinante en tantos asesinatos selectivos por parte de la patronal y la represión del Estado. Alertamos a los trabajadores y el pueblo pobre, desde la perspectiva de la defensa de nuestros intereses ante cualquier ataque sea desde la derecha pro imperialista o desde el mismo gobierno. Esto pasa por echar abajo este represivo Código, justamente con la movilización, planteando al mismo tiempo que llamamos a no confiar en esta institucionalidad que es claramente un freno para que los trabajadores y el pueblo oprimido, y que a través de nuestras organizaciones nos dotemos de una verdadera dirección revolucionaria que nos conduzca sin ambages a planificar la transición al socialismo, destruyendo las instituciones de este Estado y sustituyéndolo por una verdadera institucionalidad revolucionaria, donde los trabajadores y el pueblo, a través de las asambleas de trabajadores, soldados, campesinos y demás sectores sociales oprimidos seamos quienes discutamos y elaboremos todos los aspectos concernientes a la vida social, hacia una sociedad sin explotadores ni explotados. [1] El artículo 6 de la Ley de Educación que hoy se discute en la Asamblea Nacional, plantea prohibir el derecho a huelga en el sector. [2] En aproximadamente 21 delitos se elevan las penas de manera desproporcionada; la reforma consiste básicamente en el aumento de penas, reducción de beneficios y protección de los funcionarios públicos. Además de criminalizar las tomas y aumentar las penas en delitos contra la propiedad. [3] "Sistema de Democratización del Empleo Petrolero", que consiste en administrar "por orden de llegada", la demanda de los trabajadores "menos calificados" en la industria petrolera. Sin embargo vemos como desde la "Nueva PDVSA" se sigue traficando con estos puestos de trabajo. Dicha protesta, no fue cubierta por las televisoras oficiales "Venezolana de Televisión" ni " Vive Televisión", de no ser por que semanas después se acercaron a Caracas un grupo de trabajadores a cortarse en público para que los tomaran en cuenta y poner al descubierto esta situación. [4] "China National Petroleum Corporation", estatal petrolera de China que posee "jugosos" contratos en Venezuela. << volver