Pongamos en pie Comités y Asambleas que decidan sobre el presupuesto - JIR


	¿Autonomía respecto a quién? ¿Autonomía para qué? Pongamos en pie Comités y Asambleas que decidan sobre el presupuesto Fuente: por J. Pablo Contreras y Ángel Arias Las autoridades universitarias han venido desarrollando una campaña por la «autonomía», y han hecho centro últimamente en el asunto del presupuesto. Por su parte el gobierno nacional afirma que no se plantea «violentar la autonomía universitaria», sino que es normal que el Estado tenga más ingerencia en la vida universitaria, y esgrimiendo que el problema del presupuesto es el «despilfarro» de quienes lo administran en las universidades. ¿Y qué dicen los y las estudiantes de izquierda sobre esto? ¿Dónde nos ubicamos nosotros en este importante debate? Queremos pues aquí esbozar brevemente los aspectos que nos parecen más importantes es esta situación. La «autonomía» de las autoridades: al servicio del capital privado y la exclusión Cuando las autoridades -y los grupos estudiantiles de derecha que le siguen- hablan de «autonomía», debemos entender que significa para ellos, no sólo que el gobierno no se entrometa en los «asuntos internos» de la universidad, sino que tampoco tengan nada que decir o incidir, la voluntad de las mayorías trabajadoras del país. Pero no es lo mismo para el caso del capital privado, al que si se le permite una y otra vez «violar la autonomía» universitaria. Las autoridades, cada vez más inclinadas hacia un modelo de universidad corporativa, no tienen ningún problema en establecer uno y mil lazos con el capital privado, que van desde usufructuar los espacios universitarios para el negocio del espectáculo, hasta ¡definir los proyectos de investigación y los pensum de estudio! Durante las discusiones sobre la transformación universitaria (el período alrededor de la toma de marzo-mayo de 2001) nos cansamos de poner el ejemplo de una Escuela de la Facultad de Ingeniería, donde habían traído a representantes de empresas para que participaran de la «reforma curricular». Eso, es apenas una muestra de lo que diariamente ocurre en la universidad con la penetración descarada de los intereses de las empresas, para que cada vez más la universidad esté directamente relacionada con sus demandas. Pero también esta «autonomía» a que se refieren implica que puedan decidir los mecanismos de ingreso y las condiciones internas de permanencia en la universidad. De esta manera, son «autónomos» para ponerle filtros al ingreso de las familias trabajadoras y sus hijos -pruebas y cursos propedéuticos selectivos y pagos-, y para diseñar políticas que hagan más difícil la estadía y el desempeño del estudiante de escasos recursos -como cursos propedéuticos todo el día (es decir, el que trabaja está «jodido»), estancamiento o desmejora del bienestar y la seguridad social estudiantil (becas, ayudantías, servicio médico-odontológico, comedor, transporte), cobro en las salas de computación, inexistencia de subsidios para los materiales de estudio (libros, fotocopias, etc.), inexistencia de residencias estudiantiles, etc. En todo esto, el manejo del presupuesto es muy importante, pues las autoridades tienen la potestad de decidir a discreción y sin consulta con las mayorías universitarias, mucho menos con las organizaciones de trabajadores, campesinos pobres y sectores populares, el uso y destino del presupuesto. Definen las prioridades «autónomamente», de acuerdo a su criterio, es decir, su interés como casta dominante y a la vez fiel reproductora del imaginario, los valores y los profesionales que el capitalismo necesita, y de acuerdo a las «necesidades del mercado de trabajo», es decir, de los capitalistas. De tal suerte que nunca veremos que el presupuesto no alcance para las «necesidades» de las autoridades (almuerzos, desayunos o cenas «de trabajo», viáticos, automóviles, viajes, etc.), pero si puede ocurrir que no alcance para renovar la flota de transporte estudiantil, ampliar el servicio médico-odontológico y el seguro estudiantil, aumentar el número de becas, construir residencias estudiantiles, pasar a planta fija a los vigilantes, a profesores contratados, etcétera. Los planes del gobierno para la educación superior Sin embargo, ante esta situación, el gobierno nacional tiene una política que combina un paralelismo educativo (Misión Sucre, UBV, y otras universidades experimentales e institutos sin autonomía) con un intento por hacerse con mecanismos de control sobre las universidades autónomas. Pero el asunto central es que, como lo hemos venido planteando, el proyecto educativo del gobierno, como es lógico, está en función de su proyecto económico, que es la búsqueda de desarrollar reformas que le permitan al Estado «democratizar el capital» (cooperativas y microempresas), desarrollar la «producción nacional» de la mano de sectores «nacionalistas» o «patriotas» de la burguesía nacional, sectores «productivos» de los terratenientes y empresarios agrícolas, y del capital extranjero. Para lograr esto, el gobierno no precisa trascender el actual orden universitario, no necesita apelar a una democratización radical interna de la universidad, a la destrucción-transformación de los fundamentos en los que se asienta, sino por el contrario, de asimilarlas a su proyecto de reformas, reclamando para el Estado un mayor poder de decisión en lo que hace al presupuesto, proyectos de investigación, formas de ingreso, etc. De esta manera, aunque con un enfoque más centrado en «el servicio comunitario» y la «resolución de los problemas de la comunidad», queda claro que la universidad no se desliga de los fundamentos sociales que hacen que ésta responda a una sociedad dividida en clases. Esta es una precisión central que debemos hacer, porque nos permite ver que desde el punto de vista de los intereses de las mayorías trabajadoras del país, no tiene sentido ir detrás de la política gubernamental, como alternativa ante la política más entreguista y despótica del gobierno universitario. Además de eso, vemos también que a pesar de las políticas de «inclusión» a la educación superior implementadas por el gobierno, siguen siendo decenas de miles los que están sin cupo y aspiran a entrar a una universidad. Siguen siendo larguísimas las colas de los que, como decía Alí, «están esperando un puestecito para seguir estudiando». Se desprenden pues dos cuestiones claves. Una es que, por su contenido, las políticas del gobierno no representan una alternativa de educación anticapitalista, para la liberación y la emancipación de «la explotación del hombre por el hombre». Y la otra, es que tampoco están resolviendo el problema del cupo o el acceso de los jóvenes de familias trabajadoras y pobres a la educación superior. Pues con esa política de paralelismo institucional y mantenimiento de las estructuras del orden universitario «tradicional», se deja que la infraestructura de las universidades nacionales (laboratorios, bibliotecas, institutos de investigación, edificaciones, etc.) siga siendo utilizada sólo por las capas pudientes y más privilegiadas de la sociedad. El gobierno, los grupos de izquierda y el presupuesto Desde esta lógica de presionar a los gobiernos universitarios de las «autónomas» para hacerlas funcionales al proyecto de reformas, el gobierno se limita a decir que hay despilfarro, que hay corrupción, e incluso, que el presupuesto no alcanza «para los proyectos que las universidades propusieron», pero sí para su «normal funcionamiento». Se esconde el hecho de que ciertamente el presupuesto universitario no es «suficiente» para las necesidades de una educación masiva, gratuita y de calidad. Es claro que con todo el dinero proveniente de la eventual alta renta petrolera, que se ha empleado en las misiones sociales, no se ha logrado sino paliar la pobreza y detener la depauperación de la clase trabajadora y de los pobres urbanos. Esto es así porque no se han afectado los intereses de la burguesía nacional y el imperialismo, los verdaderos ganadores con el «crecimiento de la economía nacional». Opera lo mismo para el presupuesto universitario, pues el gasto público es producto de varias «deducciones» en los ingresos nacionales: una parte va al pago de las deuda externa, otra a manos de los capitalistas en forma de ganancias, otra a las transnacionales, otra en créditos a los empresarios (en mucho menor medida a los microempresarios y cooperativistas) para inversión, etc., etc., y luego, lo que queda, se distribuye para salud, educación, vivienda, y demás. Por eso, las deficiencias en el presupuesto para cubrir no sólo las necesidades actuales que mencionamos arriba, sino la masificación de una educación superior gratuita y de calidad, no son solo producto del «despilfarro». El capitalismo dependiente venezolano y su forma de distribución de la riqueza, no dan para este tipo de educación, por algo ha sido una bandera histórica del movimiento estudiantil de izquierda la lucha por un «presupuesto justo». De allí que el tomar un hecho real y condenable como la corrupción, para escurrir el bulto sobre del problema real del presupuesto para la educación superior, es una actitud poco seria y responsable. Desgraciadamente, la mayoría de los grupos de izquierda de la universidad van detrás de estos argumentos oficiales, y no son capaces de una comprensión un poco más seria, profunda y completa del asunto, que los lleve a tener una política independiente, que parta de los intereses del pueblo trabajador y sus hijos, y no del gobierno de reformas capitalistas. Con esto, ubicándose del lado del discurso del gobierno, le hacen el juego a las autoridades para que sigan siendo los adalides de la lucha por la «autonomía» y un «presupuesto justo». Por Comités y Asambleas que decidan sobre el presupuesto universitario Siempre hemos dicho que debemos luchar por una universidad al servicio de los trabajadores y el pueblo pobre, y eso implica pelear por el ingreso irrestricto a la universidad, pero también por la gratuidad real de los estudios, porque la investigación y docencia esté en función de las necesidades humanas y no del capital, junto con la pelea por su democratización radical interna y la incorporación de las organizaciones de masas en la discusión del destino de la misma -pues la «autonomía» debe ser ciertamente respecto al capital y al gobierno, pero no así frente al pueblo trabajador. Esto, aún cuando sabemos que para que el conocimiento producido socialmente esté totalmente al servicio del pueblo trabajador, éste mismo debe tomar el poder en sus manos. Hoy, cuando el asunto del presupuesto es el que ocupa la escena, decimos claramente, ¡sí hay que luchar por mayor presupuesto para las universidades públicas!, al tiempo que denunciamos a las autoridades y sus grupos estudiantiles que sólo buscan su beneficio propio y la perpetuación de esta Universidad elitista, es decir, al mismo tiempo ¡estamos totalmente en contra de que las autoridades universitarias administren a su antojo el presupuesto! Luchamos por la conformación de Comités de Fiscalización del presupuesto, elegidos por la base desde cada dependencia o Escuela, revocables en todo momento, y que tengan acceso irrestricto a toda la información contable, financiera y administrativa de las universidades. Luchamos porque sean Asambleas de todos los y las miembros de la comunidad universitaria, quienes definan las prioridades y orientación de la ejecución del presupuesto. Esto en la perspectiva de la lucha por un gobierno universitario tripartito (profesores-trabajadores-estudiantes) compuesto proporcionalmente. << volver