Luchemos por la gestión obrera directa y el control obrero - JIR


	Luchemos por la gestión obrera directa y el control obrero Fuente: por Mario López El aparato productivo nacional ha sufrido un proceso de desmantelamiento, fundamentalmente por la aplicación de las políticas económicas neoliberales en los gobiernos anteriores, y que se agudizó con el saboteo consciente de los capitalistas, en sus intentos por derrocar al gobierno de Chávez y avanzar contra el movimiento obrero y popular. Han sido años de privatización de empresas estatales (CAP y Caldera) y cierres o paralizaciones de otras, lo que lógicamente trajo miles de despidos y regresión en la capacidad de consumo y la calidad de vida de las familias trabajadoras. Hoy, el gobierno, interesado en «desarrollar la industria y la producción nacional», ha planteado la recuperación de empresas y la cogestión, como vía para «reactivar el aparato productivo». Por supuesto, los socialistas revolucionarios estamos no sólo por la recuperación, sino por un gran desarrollo de las fuerzas productivas, sin embargo, depende de con quién se quiera llevar a cabo esta tarea. Es esto lo que queremos discutir fraternalmente con todos los compañeros y compañeras que ciertamente creen en la cogestión propuesta por el gobierno. Como hemos planteado en artículos anteriores [1], el problema es que este contempla «desarrollar al país» fundamentalmente de la mano de la burguesía nacional y la inversión del capital extranjero. La llamada economía social, que también impulsa el gobierno -cooperativa y microempresas-, tiene muy poco peso en la economía nacional. Por eso el grueso de la política cogestionaria del gobierno apunta a reactivar las empresas mediante acuerdos con los empresarios, para lo cual les ha propuesto un «Acuerdo Marco para la transformación Industrial». Según las cifras oficiales, hay alrededor de 800 empresas paradas, y vemos que de esas, actualmente sólo 3 entran dentro de la categoría de «recuperadas», es decir, expropiadas con indemnización a los dueños, y cogestionadas entre el Estado y los trabajadores [2]. El gobierno anunció que están en espera de un proceso similar, el Central Azucarero Cumanacoa y Siderorca, con lo que tendríamos unas 5 empresas recuperadas en total. Frente a ese número, que representaría 0,6% del total de empresas paradas, hay 139 que han firmado el «Acuerdo Marco», de las cuales 15 empresas ya han recibido financiamiento para reactivarse en cogestión con los capitalistas. Si sumamos los números, tenemos que unas 154 empresas entrarán próximamente en esa cogestión capitalistas-trabajadores, es decir, un 19% del total de las empresas paradas. Por cada 1 empresa expropiada (con indemnización), tendríamos aproximadamente 31 en cogestión con el empresario, o lo que es igual, apenas 3% del total de empresas cogestionadas han sido producto de la expropiación. Vemos pues que las palabras gubernamentales sobre que las expropiaciones son una excepción, y que realmente quieren llegar a acuerdos con los empresarios [3], tienen una expresión concreta en la realidad. Ese es precisamente el gran límite de la propuesta del gobierno: llamar a los capitalistas, a los que no les importó dejar en la calle a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, para renegociarles las deudas y darle cualquier cantidad de facilidades para que vuelvan a tener su negocio, demuestra el carácter de clase del gobierno. Este les ha propuesto ese «Acuerdo Marco» a los empresarios, y como dijimos, es mucho mejor para estos ceder parte de sus acciones al gobierno (que se las vende a los trabajadores) y acceder a créditos, deudas renegociadas, facilidades de pago, acceso a tecnología, ruedas de negocios y plan de compras del Estado [4]. De tal manera que además de las que ya han firmado el acuerdo, hay 15.000 empresas que, según el gobierno, han manifestado su intención de incorporarse al mismo. Este es el centro de la política planteada por Chávez, y las cifras lo confirman. Con esta política, no sólo se salva a los capitalistas de la crisis, sino que al convertir a los trabajadores en accionistas, se les hace pensar en términos capitalistas, inculcándoles la idea de que deben trabajar por el buen funcionamiento de la empresa, para que así les vaya también mejor a ellos. De esta manera el empresario no tendrá que preocuparse mucho por huelgas, pues los trabajadores de deslomarán por hacer productiva la empresa y no entorpecer su «normal funcionamiento». En los casos minoritarios de cogestión Estado-trabajadores (luego de la expropiación con indemnización), como Invepal, es distinta la situación puesto que se avanzó en la expropiación. Por supuesto es una conquista de los trabajadores el hecho de que en lugar de tener la fábrica cerrada y con los trabajadores en la calle, como quería el dueño, esté funcionando y haya sido arrancada de manos del capitalista. Esto se debe sobre todo, además de la intransigencia del patrón, a la firme resistencia y lucha de los trabajadores y comunidades que los acompañaron. Sin embargo es un avance con contradicciones y peligros bastante presentes y difíciles de esquivar, puesto que aún cuando no es del capitalista, al transformar a los trabajadores en cooperativistas y hacerlos dueños del 49% de las acciones, deben pensar en términos de reparto de la ganancia, rendimientos, competencia con otras empresas, etc., reproduciéndose la lógica de apropiación privada [5]. Finalmente, en las empresas del Estado, el gobierno ha dicho que los trabajadores deben limitarse a «hacer sugerencias para mejorar el funcionamiento de la empresa», es decir, prácticamente que sean unos «mirones de palo» -con la variante del caso de ALCASA, del que hablaremos más adelante. No dejemos de observar también, que además de esto que exponemos, esta política de cogestión, con todos sus límites, es sólo para las empresas paradas o a punto de quiebra, ¡no se toca por nada del mundo las empresas que los capitalistas tienen funcionando de manera rentable!, esos negocios y sus ganancias no están en la mira del gobierno. La gestión obrera y el control obrero De lo que se trata para nosotros, es de dar salidas desde una perspectiva de clase, que no haga a los trabajadores cargar con la crisis, sino que haga que la paguen los capitalistas, los únicos responsables de la misma, y que apunten hacia el desarrollo real de un poder obrero en los lugares de trabajo. Por eso, al contrario de la cogestión, que implica gestionar «en conjunto» con los capitalistas o con el Estado, donde la clase trabajadora no tiene libertad de acción ni decisión, porque tiene que limitar sus aspiraciones y necesidades a conciliarlos con los intereses del patrón, queremos plantear lo que constituye una alternativa obrera, revolucionaria y anticapitalista: la gestión y el control obreros. Los trabajadores y trabajadoras deben levantar la consigna de la gestión obrera, que implica realmente hacer que el poder dentro de las empresas pase de manos de los patrones y burócratas, a manos de quienes las hacen andar. No se trata ya de gestionar en conjunto con los capitalistas o gerentes nombrados por el Estado, sino de hacerlo de acuerdo a las necesidades e intereses de las y los asalariados, de quienes hacen andar las ruedas de la economía nacional. La gestión obrera implica que los trabajadores asuman la administración de sus lugares de trabajo, que con los métodos de la democracia obrera designen a quienes cumplirán las labores de gerencia y administración, los niveles y ritmos de la producción, la comercialización, el horario de trabajo, las remuneraciones, etcétera. Para esta tarea por supuesto se requerirá del concurso de técnicos o profesionales honestos y comprometidos con el pueblo trabajador, que pueden ganarse de entre la misma planta de trabajadores de la empresa o de afuera, siempre bajo el mandato político de los trabajadores. El control obrero se presenta como una opción de lucha en camino al objetivo de la gestión obrera, pues aquí el capitalista sigue siendo dueño de la empresa y sigue administrándola, pero sometido justamente al control de sus trabajadores. Se trata de exigir al empresario la apertura y publicación de sus libros de contabilidad, de controlar los ritmos de trabajo y de producción, de fijar los salarios, los niveles de ganancia del capitalista, entre otras. El control obrero implica pues una situación de dualidad de poderes en la empresa, una pugna aún no resuelta por el control de la misma, es parte de la lucha por el poder obrero. Esta política ha sido levantada y ejecutada históricamente por sectores del proletariado, en casos de crisis de las empresas, de amenazas de cierre, entre otras situaciones. Estas políticas tienen un claro contenido anticapitalista, pues la gestión obrera es sobre la base de que el Estado es el dueño de la empresa, es decir, es pública, evita la reproducción de la lógica de apropiación privada de la producción; y el control obrero, es justamente una lucha contra la propiedad y la administración de los capitalistas, una lucha por limitar sus movimientos y ganancias, por demostrar cómo viven del trabajo ajeno y por instaurar el control de los trabajadores, en vías a la socialización de las empresas. Por la gestión obrera de las empresas cerradas o quebradas y de las empresas públicas Hoy, ante tanta cantidad de empresas cerradas o paradas, tanto por la crisis estructural del capitalismo dependiente venezolano, como por las consecuencias del saboteo patronal en sus planes golpistas, es necesario oponerse a que sean reactivadas de la mano de los capitalistas, como viene haciendo el gobierno. Los capitalistas sólo persiguen el lucro y la ganancia, y por eso cerraron sin importarle echar a la calle a decenas de miles de padres y madres de familias trabajadoras. ¿Acaso es la misma situación la del empresario y la de los trabajadores, cuando «quiebra» la empresa? ¡Son casos totalmente opuestos: uno deja de explotar y vivir del trabajo ajeno, el otro deja de ser explotado y de vivir de su trabajo, su único medio de subsistencia! Esto debe llamar a la profunda y seria reflexión entre la clase trabajadora, pues, ¿por qué Chávez entonces llama a los capitalistas para darle las facilidades de que continúen su negocio? La clase trabajadora viene dando importantes luchas, incluso ocupando las empresas, y creemos que es justamente ese el ejemplo a seguir, está a la orden del día levantar la bandera de la expropiación sin indemnización de cualquier empresa que cierre o esté parada, pasando a propiedad del Estado y reabierta bajo gestión de sus propios trabajadores. ¡Que el gobierno le de a la gestión obrera todas las facilidades que hoy les da a los empresarios! En el caso de las empresas estatales, se demuestra también la poca confianza y el desprecio que desde el gobierno se tiene por los trabajadores, porque se les considera buenos para machar, para votar, para defender al gobierno, para vencer el paro patronal, pero no así para administrar las empresas. Según el gobierno, estas industrias son estratégicas y por eso el Estado debe reservarse el derecho de controlarlas. ¡Precisamente por eso deben estar en manos de sus trabajadores y de las comunidades! ¿Acaso los funcionarios del Estado -alcaldes, ministros, el presidente, diputados, jueces y generales- tienen más interés en «resguardar el interés nacional» que los asalariados y el pueblo pobre, es decir, la inmensa mayoría de «la nación»? ¿Acaso pueden argumentar razones de «falta de preparación», de «conciencia revolucionaria» o «formación política»? Es un cinismo muy grande argumentar eso cuando la clase obrera ha demostrado claramente estar contra la reacción, pues si hubiese estado del lado de ésta, el paro patronal hubiese triunfado; más aún, fueron los trabajadores petroleros la pieza fundamental en al derrota del paro, ejerciendo incluso el control obrero en algunas refinerías. ¿Qué pueden decir sobre eso los jerarcas de las empresas estatales, que como todo buen gerente capitalista gozan de innumerables privilegios y altísimos salarios, mientras limitan los derechos laborales? En el caso de ALCASA, un caso particular donde ha habido más espacio para la participación de los trabajadores, pudiendo el sindicato elegir a los gerentes, y habiendo delegados por cada unidad, sucede que la empresa es parte de la CVG, por lo que su plan de negocios, de producción y comercialización, es decir todo lo fundamental, sigue siendo decidido por los jefes de la corporación y el ministerio de Industrias Básicas y Minería. Por eso también se corre el riesgo de que los representantes de los trabajadores terminen aplicándole a la clase las políticas que los patrones no pueden aplicar directamente, no por casualidad, la «segunda fase» de la cogestión en ALCASA es la de «mejorar y aumentar la producción». Creemos pues que se debe avanzar en la experiencia que se tiene ahora, hacia una total administración por parte de los trabajadores, incluyendo la administración obrera de las demás industrias de la misma rama, para que puedan tener la posibilidad real de establecer un planificación de a industria del aluminio. Por el control obrero en las empresas claves y las que estén en crisis Como sabemos, el gobierno está dejando intactas a las empresas capitalistas rentables, es decir, que el monopolio de la alimentación, las empresas constructoras y de materiales de construcción, los bancos, las empresas carboníferas, etcétera, seguirán tranquilamente con sus negocios y explotando el trabajo asalariado. La alimentación, la construcción de viviendas e infraestructura, las finanzas y la explotación de los recursos naturales, deben estar en manos de la clase trabajadora y el pueblo pobre, por eso, contrario a la política del gobierno, debemos plantearnos la lucha por establecer el control obrero en estas industrias, con miras a la lucha por sus expropiación y estatización, para que pasen a estar bajo gestión obrera. En las empresas en crisis o con amenazas de cierre, debemos luchar inmediatamente por establecer también el control obrero, para disputarle al capitalista el control de la misma y demostrar que sólo persigue su lucro, a costa de la suerte de los trabajadores. La escena está puesta para luchar por el control obrero en los centenares de empresas en las que hoy los trabajadores llevan a cabo importantes procesos de luchas contra la patronal, como el caso de la Good Year en Carabobo. Por una política obrera independiente Como vemos, es necesario levantar una política distinta a la del gobierno, una política verdaderamente revolucionaria y obrera, que al contrario de buscar la colaboración con los patrones, y la preservación de sus propiedades y ganancias, abra pasa al desarrollo de un poder obrero real, de verdaderas trincheras de lucha anticapitalista. Se trata de que con una política revolucionaria los trabajadores podrían utilizar su control en las empresas, proyectándose como dirección de los sectores explotados: desarrollando planes de la industria, la alimentación, la construcción, etc., en función de las grandes necesidades de los trabajadores y los sectores populares, así como de los servicios fundamentales, bajando, por ejemplo, significativamente, o eliminando, las tarifas de la luz, agua y teléfono a las familias pobres, e incrementándoselas a las empresas y a la burguesía, sellando así una alianza obrera y popular. La clase trabajadora, luchando por la centralización de las diversas ramas de la economía nacional bajo control de sus trabajadores, puede ir demostrando cómo esto puede ser un instrumento de planificación económica que imponga la racionalidad en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre, donde ahora impera la anarquía de la producción en beneficio de los capitalistas. Así además, la clase obrera se puede ir educando en el manejo de la economía, convirtiéndose esas experiencias de control o gestión obrera, en verdaderas escuelas de planificación socialista, que preparen a los trabajadores y trabajadoras para cuando el curso de la lucha de clases ponga a la orden del día la lucha directa por el poder político, y la instauración de un gobierno obrero, campesino y popular. [1] Ver «La ‘cogestión obrera’: una forma de frenar la lucha de clases», en Prensa Luchadora N° 5 y «La cogestión de empresas: una política para salvar a los capitalistas y cooptar a los trabajadores», en En Clave Obrera N° 1. [2] De estos casos, sólo Invepal (ex Venepal) está en funcionamiento, las otras (Invetex e Inveval) aún no funcionan, entre otras cosas, porque aún no se les ha pagado a los empresarios la indemnización, y hasta tanto no se le pague a los empresarios, los trabajadores no pueden operar. [3] María Cristina Iglesias, Ministra del Trabajo, decía que el gobierno apuesta «porque los trabajadores y empresarios en todas aquellas compañías que necesiten ampliación de su capital, ayuda del Sistema Financiero Público Nacional, renegociación de sus deudas con el IVSS, ISLR o el CONAVI, articulen con sus trabajadores la posibilidad de establecer regímenes de cogestión» (Prensa Presidencial, 31-01-05). Elías Jaua, Ministro para la Economía Popular, decía sobre el caso de Invepal: «Nosotros queremos que esto sea una excepción. Hemos convocado a aquellos empresarios que tengan cerradas sus empresas a establecer alianzas estratégicas con el Estado...» (entrevista en aporrea.org, 21-02-05). [4] Ver el «Acuerdo Marco para la Transformación Industrial«propuesto por el gobierno a los capitalistas nacionales, el cual ya han firmado varias decenas de empresas. [5] Además se elimina el sindicato, pues desde la lógica de que ahora también son accionistas, no tiene sentido su existencia. << volver