Una política para salvar a los capitalistas y cooptar a los trabajadores. - JIR


	La "cogestión" de empresas bajo el gobierno de Chávez: Una política para salvar a los capitalistas y cooptar a los trabajadores. Fuente: por Mario López y Milton D’León En este artículo nos queremos referir exclusivamente a la política cogestionaria que lleva adelante el gobierno, y que ha encantado a sectores de la izquierda venezolana. Veamos entonces los mitos y realidades en esta política específica del gobierno. Los casos cogestionarios En Invepal e Inveval [1] los patrones declararon quiebra y se negaban a cumplir con las indemnizaciones correspondientes a los trabajadores. Como respuesta los obreros toman las fábricas durante varios meses. El gobierno, luego de otorgarles créditos a los empresarios, luego de intentar conciliar con los patrones sin ser correspondido, decide declarar de utilidad pública las empresas -con aprobación unánime de la Asamblea Nacional- y expropiarlas con la correspondiente indemnización. Pero el Estado asume el 51% de las acciones, y los trabajadores, a quienes se les exige conformarse en cooperativa, el 49% restante. En este caso, además de convertir en accionistas a los trabajadores, es el Estado quien tiene la última palabra en la administración, pues es dueño de la mayoría de las acciones. Existen casos como la empresa Invetex [2], donde el Estado asume el 51% de las acciones, y el resto se las reparten entre el patrón y los trabajadores. El sindicato de hecho deja de existir en todos estos casos, siendo que los trabajadores, al ser accionistas y conformados como cooperativas, pierden todos los derechos laborales garantizados por ley pues ahora son “socios”. En algunas empresas públicas, como en CADAFE, el Estado le da participación en la junta administradora a representantes del sindicato; pero todo el personal gerente y de mando sigue siendo nombrado por el Estado, donde los trabajadores deben limitarse apenas a “aportar ideas para mejorar la gestión de la empresa”. De este modelo resalta el caso solitario de ALCASA (aluminio) que forma parte la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), donde el presidente es nombrado por el gobierno, se permite la participación de los trabajadores en la administración al poder el sindicato designar a algunos gerentes, y donde hay delegados por departamento de producción. Pero al ser una empresa que forma parte de toda una corporación que sigue siendo manejada desde el Ministerio, todo su plan de producción, de comercialización e inversión es determinado por las directivas gubernamentales. Sin embargo, el modelo general y predominante del gobierno, es el de que la cogestión la asuman entre patrones y trabajadores, en las empresas en crisis, entrando éstos últimos como accionistas de la empresa. El gobierno, por esta vía, impulsa una forma de salvataje capitalista, terminando de hacer cargo a los trabajadores de la crisis ya que el dinero que les pertenece por las deudas es usado para reactivar la empresa, logrando mantener la unidad en producción, saldando las deudas que mantienen los patrones, haciendo funcionar la capacidad instalada y deslomándose para hacer rentable la fábrica. En estos casos, que es la amplia mayoría, los trabajadores, al estar conformados en cooperativa y ser “socios”, también pierden todos sus derechos laborales, con el subsiguiente riesgo de que si la empresa fracasa económicamente pierden absolutamente todo. El proyecto de cogestión de Chávez subordina a los trabajadores al interés patronal Siendo así, la Ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, aclaraba que lo ocurrido en los casos como Venepal, donde se expropió con la debida indemnización, es una excepción, y que en caso de presentarse una situación similar el gobierno está “apostando porque los trabajadores y empresarios en todas aquellas compañías que necesiten ampliación de su capital, ayuda del Sistema Financiero Público Nacional, renegociación de sus deudas con el IVSS, ISLR o el CONAVI, articulen con sus trabajadores la posibilidad de establecer regímenes de cogestión” [3]. Por su parte, Elías Jaua, Ministro para la Economía Popular, decía sobre el mismo tema: “Nosotros queremos que esto sea una excepción. Hemos convocado a aquellos empresarios que tengan cerradas sus empresas a establecer alianzas estratégicas con el Estado...” [4]. Como vemos, de lo que se trata es de que “la transformación del aparato productivo nacional se basa en la existencia de un diálogo social, constructivo y permanente, entre el gobierno nacional, los empresarios y empresarias, los trabajadores y trabajadoras, que haga posible el cumplimiento de los compromisos voluntaria y mutuamente” [5]. Siendo así, el gobierno les garantiza a los empresarios, entre otras cosas, “renegociación de deudas con el Estado”, “créditos provenientes del sistema financiero público”, “participación en los programas de compras del Estado, Ruedas y Macro Ruedas de negocios nacionales e internacionales” [6]. Luego de años de contracción y crisis económica, agudizada por el lock out y los saboteos empresariales, cualquier capitalista con algo de olfato, o que dependa centralmente del mercado interno y la protección-ayuda estatal (como lo son los que apoyan a Chávez), sabe que es preferible, ante una situación de enorme endeudamiento o peligro de quiebra, que los trabajadores/as participen como accionistas, para que el gobierno lo salve de la bancarrota, a través de todos los beneficios que establece el “acuerdo de corresponsabilidad”. Pero el gobierno, al hacer accionistas a los trabajadores, les pervierte, reproduciendo la lógica de apropiación privada, se les pone a pensar en términos burgueses de la ganancia, se les responsabiliza por la gestión de la empresa, debilitándose así las fuerzas del proletariado en su conjunto, pues, como tristemente decía un obrero por televisión el día de la firma del acuerdo marco citado más arriba: “Luego de que nos den las acciones y echemos a andar la empresa, no podemos estar pensando en huelgas ni nada de eso, sino en aumentar la productividad”. Así pues, mientras se asimila al proletariado a la lógica de acumulación burguesa, estos patrones tendrán, en lugar de una empresa quebrada o atrasada tecnológicamente que no reportaría ganancias, una empresa con créditos, tecnologías y mercado garantizado por el Estado, y sin preocuparse por huelgas o paros obreros. Recordemos a propósito de esto, que en la industria petrolera hubo una importante experiencia de control obrero en algunas refinerías durante el paro patronal, producto de la iniciativa de los trabajadores. En la refinería de Puerto La Cruz los trabajadores no permitieron ni siquiera que se parara la producción. Esto gracias al grado de alerta en el que estaban, y a la preparación previa que tenían, así cuando los gerentes y ejecutivos deciden lanzar el lock out, estos le impidieron llevar a cabo algún tipo de saboteo, y al contrario, los sacaron de las instalaciones, haciéndose ellos cargo de las mismas. En El Palito, en Carabobo, también hubo una experiencia similar. Sin embargo, al derrotarse el lock out, el gobierno ordenó la “reestructuración” de PDVSA con la cual, no sólo se despidió a los gerentes y ejecutivos comprometidos con la reacción, sino que también se desarticuló esa experiencia, volviendo a las jerarquías de mando de siempre, con gerentes nombrados por el Ministro. Eso es así hasta el sol de hoy, a pesar de la exigencia de los trabajadores de una “constituyente petrolera”; es decir los obreros que fueron vanguardia en la derrota del paro patronal, no tienen hoy injerencia alguna en administración de PDVSA. Por comités de fábrica para luchar por el control y la gestión obrera directa. Es evidente que con esta política cogestionaria no se resuelven los grandes problemas de las mayorías trabajadoras y pobres del país, ni mucho menos se va al “socialismo”, todo lo contrario se salva a los empresarios de la crisis. Para algunos sectores de la izquierda los casos como Invepal, más allá de que señalan los peligros actuales con que se enfrenta esta empresa, “señalan el camino luminoso que nos puede conducir a un nuevo modelo de sociedad”. Es falso creer que con alguna cogestión aquí y una cogestión allá se llegue a la “justicia social” o al “socialismo”. Para los marxistas no se trata de construir el socialismo con las manos de la burguesía, sino de utilizar las situaciones que se presentan para hacer avanzar el movimiento revolucionario de los trabajadores. Los que escribimos este texto no damos una respuesta desde un punto de vista dogmático. Diferenciamos los casos que se desenvuelven en nuestro país, y las distintas respuestas que deben dar los trabajadores a los mismos. Levantamos la política del control obrero de toda fábrica que cierra o quiebra, y su nacionalización sin pago, como paso previo a la gestión obrera directa. Pero, junto con Trotsky, quien se refería al caso del México de Cárdenas, decimos, “sería un error desastroso, un completo engaño, afirmar que el camino al socialismo no pasa por la revolución proletaria, sino por la nacionalización que haga el estado burgués en algunas ramas de la industria y su transferencia a las organizaciones obreras” [7], salvando además las distancias con el proceso actual que no tiene ni la sombra de los alcances del proceso mexicano en los ‘30. Evidentemente en los casos como Invepal e Inveval, es subproducto de la lucha de los trabajadores la conquista de que se haya reabierto ambas fábricas, y se conserve la fuente de trabajo aún bajo la forma de cogestión que termina siendo obligado a ceder el gobierno, pues si no fuera por esa pelea estuvieran en la calle como se ve en la gran cantidad de fábricas cerradas dejando una gran cantidad de trabajadores en el desempleo. Pero es clave no quedarse en este terreno, luchando por la constitución de comités de fábrica para que desde este avance organicemos la lucha por el control obrero y gestión directa desde una perspectiva revolucionaria. Pero denunciamos la política perversa de cogestión que el gobierno está aplicando en la casi totalidad de los casos, de transformar a los trabajadores en accionistas bajo la figura de cooperativa para que, junto con la patronal, se hagan corresponsables por la administración capitalista de la empresa, perdiendo todos sus derechos como trabajadores y asumiendo para sí todos los riesgos de la misma. Pues su objetivo es salvar a los propietarios de las crisis obligando a los trabajadores a hacerse responsable de la crisis generada por el propio empresariado y cogestionar la empresa para salvarla de la quiebra, llevando al extremo la colaboración de clases. Es necesario levantar la política de ocupación de toda fábrica o establecimiento que cierra o despida, reclamando su reapertura y puesta a funcionar bajo control obrero exigiendo su inmediata y total nacionalización sin pago, exigiéndole que garantice la inversión tecnológica y el presupuesto necesario para el pleno funcionamiento productivo, sin resignar el derecho conquistado a que sean los mismos trabajadores los que controlen y administren la producción, negándose a confiar en los funcionarios del Estado. Esta es la única política que descarga la crisis sobre los patrones y señala un camino hacia la expropiación de los expropiadores, desafiando a la burguesía en la base de su poder, en el plano de las relaciones de propiedad. En la actual cogestión en la empresa estatal como ALCASA decimos que es necesario avanzar hacia una total administración directa de los trabajadores, y alertamos de todos los peligros que esta experiencia encierra como el de la transformación de los representantes de los trabajadores en rehenes del Estado burgués pudiendo volverse en sus agentes administrativos directos y aplicándose los trabajadores mismos los ajustes que el gobierno patronal no puede aplicar, y llamamos a no confiar en ningún funcionario del Estado por muy de izquierda que se presente. Al mismo tiempo exigimos la extensión de la administración directa a todas otras empresas de la misma rama industrial, lo que implica la nacionalización sin indemnización del resto de las empresas que se encuentran en manos privadas. Es posible utilizar la gestión obrera directa en interés de los trabajadores y no de la burocracia y tampoco del gobierno, siendo valiosísimos puntos de apoyo de la clase obrera en su lucha contra la sociedad capitalista. Pero los resultados revolucionarios de la gestión obrera directa están supeditados en último análisis a la existencia de un partido obrero auténticamente revolucionario. Pues con una política revolucionaria, los trabajadores podrían utilizar la gestión obrera proyectándose como dirección de los sectores explotados, luchando por la centralización de las diversas ramas de la economía nacional bajo control de sus trabajadores, y demostrando cómo esto puede ser un instrumento de planificación económica que imponga la racionalidad en beneficio de los trabajadores y el pueblo pobre, donde ahora impera la anarquía de la producción en beneficio de los capitalistas, educando a la clase obrera en el manejo de la economía, y de esta manera estaríamos enfrentando la política del gobierno. Pero para todo esto es necesario luchar por la independencia del movimiento obrero en general; y en particular por la formación en los sindicatos de fracciones revolucionarias que, a la vez que defienden la unidad del movimiento sindical, sean capaces de luchar por una política de clase y una composición revolucionaria de los mismos. Luchar por una política de independencia de clase, es decir, independiente del Estado y de los patrones, independiente de los planes de los capitalistas y del gobierno, pues estos terminan siempre favoreciendo a los empresarios, y en el caso de la cogestión propuesta por el gobierno, haciéndole creer a los trabajadores que salen de su condición de explotados, mientras sólo refuerzan su explotación y debilitan las fuerzas del conjunto de los y las asalariadas. Para resolver los problemas más urgentes del pueblo trabajador venezolano es necesario expropiar a la gran burguesía y al imperialismo, poner bajo control y gestión obrera de los y las trabajadoras las empresas, algo que el gobierno no está dispuesto a hacer. Ligado a esto está la nacionalización de toda la banca y el monopolio del comercio exterior, entre otras demandas. Una política así alumbra la perspectiva de una organización racional de la economía, de su planificación democrática, que oriente la producción a satisfacer las necesidades de la población. Pero para lograrlo se debe quebrar la capacidad de resistencia de la burguesía, destruyendo el poder del Estado, que es el garante de las relaciones de propiedad capitalistas, e imponiendo un gobierno de los trabajadores que inicie la construcción de una sociedad socialista sin explotadores ni explotados. En este sentido debe ser el programa a levantar por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), para que realmente esté al servicio del pueblo trabajador, así como por los sindicatos y tendencias clasistas que hoy surgen. [1] Invepal: Industria Venezolana Endógena del Papel (ex Venepal). Inveval: Industria Venezolana Endógena de Válvulas (ex Constructora Nacional de Válvulas). [2] Invetex: Industria Venezolana Endógena de Textiles. [3] Prensa Presidencial, 31-01-05. [4] Entrevista publicada en la página aporrea.org, 21-02-05. [5] Acuerdo Marco de Corresponsabilidad para la Transformación Industrial, firmado el 26 de mayo pasado. [6] Ídem. [7] “La industria nacionalizada y la administración obrera”, en Escritos Latinoamericanos, CEIP “León Trotsky”, 2000, p. 164. << volver

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El proyecto de cogestión de Chávez subordina a los trabajadores al interés patronal

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