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EL GOBIERNO NACIONAL PROFUNDIZA LAS NEGOCIACIONES CON LOS GRUPOS ECONÓMICOS DOMINANTES
De la mano de los empresarios no habrá solución a nuestras demandas

Fuente: Por Milton D’León

En diversos artículos hemos escrito sobre la tendencia a la normalización de las relaciones entre el gobierno con los sectores empresariales quedando atrás la tensa polarización política que se expresaba en las calles. Si bien continúa existiendo una polarización que podríamos llamar de baja intensidad; amparado en el mejoramiento de los índices económicos, la bonanza petrolera y la estabilidad relativa ha permitido que la conciliación se haya intensificado incluso en las relaciones con las propias multinacionales que continúan con importantes intereses económicos en el país, no solo en el sector petrolero sino en otras ramas como las telecomunicaciones, los bancos, la minería, etc.

En este contexto es que las luchas de los trabajadores se han venido expresando con cierta fuerza en el país. Los 700 trabajadores de Sanitarios Maracay acaban de obtener un triunfo parcial, ya se podía haber ido por más pues estuvo planteada la lucha por la expropiación de la fábrica y ponerla a producir bajo gestión directa de sus trabajadores. Es que una gran disposición de lucha se despliega en importantes sectores de los trabajadores como lo expresan las peleas que se libran en distintas fábricas. Los anuncios hechos por el gobierno el pasado 28 de abril no han servido para descomprimir esta serie de huelgas, como lo expresa la importante movilización del miércoles 17/05 en Carabobo, que se suma a la combativa movilización en las calles de Maracay, en el estado Aragua, de alrededor de 5.000 obreros.

La amplia mayoría de estas luchas son contra la precarización, tercerización y flexibilización del trabajo, la pérdida de derechos laborales y los bajos salarios. El repunte económico del que tanto se vanagloria el gobierno, y que ya lleva 10 trimestres consecutivos con índices de crecimiento en el sector no petrolero por encima del 10,9% (uno de los mayores de América Latina), no se ha expresado en mejoras salariales de las masas laboriosas, indicando que la distribución de la renta entre los patronos y los trabajadores se mantiene tal como en las décadas anteriores, y más aún ha ido en detrimento de los que realmente producen gran parte de la riqueza de nuestro país.

Las medidas anunciadas por Chávez como la reforma del reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la eliminación del trabajo temporal, el pago de salario mínimo a los aprendices, la entrada en vigencia de la solvencia laboral y el aumento del plazo del reposo por maternidad, el aumentó del salario mínimo para el mes de septiembre, entre otras medidas, fueron bien recibidas por amplios sectores de trabajadores. Sin embargo si se revisan cuidadosamente son medida altamente deficientes que no cambian en lo esencial el alto grado de superexplotación a la que son sometidos la amplia mayoría de los trabajadores, y no responde a uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, el desempleo, donde más de 5 millones de trabajadores se ocupan del sector informal o viviendo de trabajos esporádicos que mal da para vivir, y no se elimina el trabajo precario.

¿Cómo es posible que un país con un altísimo ingreso petrolero e índices de crecimiento sustentable, se mantengan aún altos índices de pobreza y donde el trabajo informal y el desempleo se mantienen como en la época del puntofijismo? ¿A quién se pretende engañar con los índices que publica el Instituto Nacional de Estadísticas de que la pobreza ha disminuido a un 37%, cuando basta levantar la vista hacia los cerros y los barrios de Caracas donde la población vive hacinada en maltrechas casas al borde de tragedias? ¿Qué significa pobreza para estos burócratas del gobierno? ¿Cómo es posible que se sigan asesinando trabajadores y campesinos, en total impunidad, y que las grandes tierras productivas continúen en las manos de los terratenientes de siempre?

«El socialismo bolivariano acepta la propiedad privada», afirma Chávez, como si se tratara de un chiste de mal gusto, reiterando que no es la intención del gobierno atropellar a los dueños de tierras en Venezuela1. Todo esto mientras negociaba con la empresa Agropecuaria Flora (Agroflora), filial de la compañía británica Vestey Group Limited, donde ésta decide «entregar» al gobierno dos haciendas previa indemnización de 4,2 millones de dólares2. ¡Se les paga por tierras que de hecho pertenecen al Estado! ¡Qué ironías de la «revolución bolivariana»! Y peor aún el gobierno entregará a Agroflora la certificación de fincas productivas y de titularidad de otras 12 haciendas que la empresa tiene en «titularidad precaria» en distintos puntos del país donde cada una es de igual o mayor tamaño que las que negocia. La gran empresa internacional del agro, como dijera uno de sus representantes «no siente que pierde nada»3. Más bien dicho gana mucho, pues la empresa en verdad no tenía cómo demostrar la cadena de titularidad de la amplia mayoría de las tierras de sus haciendas. Y el «socialismo bolivariano» del Presidente también invita a la propiedad privada a participar en los negocios del agro del Estado como lo es en el llamado Plan Integral de Desarrollo Rural y Agrícola 2006, donde la banca privada participa con 6,9 billones de bolívares y el Estado con 2,9 billones. «Vengan a invertir a Venezuela» incitaba a los empresarios ingleses en su reciente viaje a Europa, explicando cómo en la tierra de Bolívar, se respeta la propiedad privada poniendo como ejemplo el buen trato con los británicos de la compañía Vestey.

«Necesitamos banqueros que estén comprometidos con el proyecto nacional» exclama Chávez para concluir que «estamos demostrando que en paz se puede hacer una revolución»4. Pero una «revolución» donde además del sector de la agroindustria, otros sectores empresariales participan en los negocios del gobierno. En la construcción y financiamiento de viviendas por parte del Estado, donde ya la banca privada viene haciendo sus pingües negocios, se suman las grandes constructoras de los empresarios, reiterando el gobierno que «es indispensable el apoyo del sector privado para realizar el plan masivo de construcción de viviendas»5. Participarán así, sólo en el Plan Caracas, más de 23 empresas constructoras, y las asociadas en la Alianza Nacional para el Hábitat y la Vivienda en el territorio nacional. Pero también de la participación en los grandes negocios del Estado, los grandes empresarios nacionales son amparados por el gobierno cuando se trata de defender sus intereses actuando de abogado frente a empresas extranjeras. Así, frente a la disputa por los vuelos internacionales que mantienen empresas nacionales (que por cierto atrás también están los capitales extranjeros) con las compañías norteamericanas como la Continental Airlines y Delta Airlines, las grandes empresas como Aeropostal y Santa Bárbara del capital privado mantendrán asegurados sus negocios capitalistas. Lo mismo pueden celebrar los grandes empresarios de la industria autopartista local que participan del Plan Venezuela Móvil, donde el gobierno nacional les ofrece participación del gran negocio automotriz y en coparticipación con la General Motors y la Volskwagen en el reparto del mercado nacional.

«Les estamos diciendo al mundo que no es incompatible un proyecto nacionalista y revolucionario con la presencia de dignas empresas internacionales y del sector privado nacional»6 enfatizó Chávez mientras firmaba los acuerdos para la constitución de las empresas mixtas en el sector petrolero, empresas que funcionarán como nuevas filiales de PDVSA junto a las transnacionales aboliendo los viejos convenios operativos con las mismas. Si bien es cierto que PDVSA tendrá un control mayor en las decisiones de la toda la industria petrolera al poseer la mayoría accionaria de las nuevas compañías mixtas, no es menos cierto que las grandes transnacionales continuarán con sus buenos negocios en la producción petrolera donde serán dueñas del 49% de las acciones, siendo exoneradas de grandes impuestos como el IVA y se les garantizan los derechos a comercialización, además de que el Estado les facilita la operatividad en todo el ciclo de explotación de petróleo. Entre las «dignas empresas» a las que se refiere el Presidente se encuentran nada menos que las expoliadoras de la riqueza nacional, entre otras, la Chevron Texaco, la British Petroleum (BP), Repsol, Techpetrol, Teikoku, Petrobrás, etc. Todo esto sin hablar de las grandes compañías extranjeras que explotan el gas donde la política prácticamente es de apertura completa.

En su encuentro con los empresarios ingleses en Londres, Chávez les enfatizó «que no se asusten cuando habla de socialismo pues se trata de la convivencia de lo privado y lo estatal». Pero vemos que en estos siete años de «convivencia» quienes son los que salen perdiendo y quienes ganando: los poderosos de siempre. Es que en esta «convivencia» lo que vemos realmente son mayores entendimientos con la burguesía, las transnacionales vía los negociados con las empresas mixtas, el mantenimiento de las viejas privatizaciones y negociaciones con los terratenientes. Pero el Presidente nos dice que no se puede resolver los problemas estructurales creados por décadas de la plaga del capitalismo. Justamente una frase que viene de quien dice que está impulsando una «revolución» y que incluso habla bien de la revolución cubana. Pero si comparamos lo que había logrado Cuba a sólo dos años de la revolución, con bloqueo económico y sin renta petrolera, con el panorama que presenta nuestro país en todos estos siete años de «revolución bolivariana», lejos estamos de cualquier «revolución». Los que hablan «profundizar la revolución», no nos quieren decir otra cosa más que lo que hay que hacer es «profundizar» las tibias reformas de Chávez. De nuestra parte, categóricamente decimos, que no hay revolución que no sea la revolución social llevada adelante por los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre, expropiando a los grandes capitalistas y la planificación económica, eliminando los monopolios imperialistas, instituyendo el control estatal de las actividades productivas fundamentales del país y donde el poder político esté en manos de la clase trabajadora. Hablar de revolución, sino es en este sentido, son puras frases vacías.


1 Programa Aló Presidente Nro. 151.

2 Las haciendas son El Charcote y San Pablo Paeño, ubicadas en los estados Cojedes y Apure respectivamente, totalizando 59.950 hectáreas.

3 El Nacional, 23/03/06.

4 Programa Aló Presidente Nro. 151.

5 Luis Figueroa, Ministro de la Vivienda y el Hábitat. El Nacional, 03/04/06.

6 Discurso de Chávez cuando firmaba los acuerdos en el Palacio de Miraflores el 31 de marzo.



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